11 de noviembre de 2025
JUDICIALES
Punta Mogotes: la Suprema Corte bonaerense asume el expediente y crece la incertidumbre por el control del complejo
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pidió la elevación de la causa que enfrenta al gobierno de Axel Kicillof con el intendente marplatense Guillermo Montenegro por la administración de Punta Mogotes, sumando un nuevo capítulo de máxima tensión y dilación a un litigio que mantiene en vilo el futuro del predio turístico ante el inminente fin de las concesiones.
El futuro del Complejo Punta Mogotes se ha tornado más incierto que nunca. En medio de una disputa judicial que enfrenta a la Municipalidad de General Pueyrredón con la Provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal bonaerense, la Suprema Corte de Justicia, ha solicitado el expediente principal de la causa para su revisión, en una decisión que acorta los plazos y pone en sus manos la definición de un crucial conflicto político y patrimonial.
La decisión del alto tribunal se produce luego de que la Fiscalía de Estado provincial presentara un recurso de queja tras dos reveses judiciales consecutivos: la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó tanto la competencia territorial de la justicia marplatense como la competencia material del fuero contencioso administrativo para tramitar la demanda iniciada por la Comuna.
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es claro y persiste: trasladar el expediente a un Juzgado Civil y Comercial de La Plata, buscando que se aplique el derecho privado en lugar del derecho público. Si bien la Provincia argumenta razones de competencia territorial, aduciendo que el domicilio del denunciado debe primar, y material, señalando que el objeto principal de la demanda es la consignación de sumas de dinero, los tribunales locales han desestimado estos argumentos, enfatizando que el conflicto involucra un espacio radicado en Mar del Plata y una relación jurídica de naturaleza administrativa.
El trasfondo del litigio es la pretensión del intendente Guillermo Montenegro de recuperar la administración plena del complejo, basándose en una cláusula de un convenio de 1984 que permite la municipalización una vez saldada la deuda que la Administración de Punta Mogotes (APM), un ente interjurisdiccional de mayoría provincial, mantiene con el Banco Provincia. La Comuna consignó judicialmente un monto que, según sus cálculos, cancelaría esa deuda, pero la Provincia rechazó el pago, alegando que el Municipio es un tercero ajeno a esa relación jurídica.
Ahora, con la elevación de la causa a la Suprema Corte, la estrategia dilatoria de la Provincia parece haber rendido frutos al menos temporalmente. El gobierno provincial solicitó además la suspensión del avance de la causa principal —que ya tramita el juez Simón Isacch del Juzgado Contencioso Administrativo N°1— hasta tanto se resuelva el recurso de queja. Este pedido busca evitar que el trámite principal avance hasta el punto de hacer "inútil" o "tardía" la resolución sobre la competencia, consumando el perjuicio de litigar en una jurisdicción que la Provincia considera incompetente.
Mientras los plazos se siguen dilatando en la órbita de la Justicia, y la máxima instancia provincial toma control del expediente, se mantiene la incertidumbre sobre quién controlará los destinos del estratégico complejo balneario, especialmente de cara al vencimiento de las concesiones a mediados de 2026. La intervención de la Suprema Corte define el escenario de la batalla legal, concentrando en La Plata la definición de la competencia judicial, un paso preliminar, pero fundamental, que definirá dónde y cómo se debatirá el fondo de la cuestión: la propiedad y administración de Punta Mogotes.