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A dos años del regreso de las fotomultas, el sistema sigue bajo la lupa
Se cumplen 731 días exactos desde la entrada en vigencia del sistema en la ciudad. El municipio solo recibe el 24% de lo recaudado. La solicitud de información destinada a conocer si lo percibido se destina efectivamente al fondo afectado permanece archivada.
Se cumplen dos años desde la implementación del sistema de fotomultas en General Pueyrredon, relanzado por el intendente Guillermo Montenegro mediante un decreto, sin la aprobación del Concejo Deliberante. A pesar de su objetivo de reducir accidentes viales, el esquema sigue generando controversias, especialmente en lo relacionado con la distribución de lo recaudado y el destino de los fondos.
El 23 de noviembre de 2022 entraron en vigencia las fotomultas con equipos de detección automática en General Pueyrredon. En lo que respecta al equipamiento específico, se instalaron cinemómetros de control de exceso de velocidad y cámaras de detección de violación de luz roja e invasión de sendas peatonales, los cuales contarán con las homologaciones, certificaciones y permisos emitidos por las autoridades competentes.
El antecedente más cercano de este sistema se halla en la fallida implementación del convenio anterior con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Dicho acuerdo, oficializado durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo en diciembre de 2017, fue dado de baja en agosto de 2021 tras detectarse múltiples incumplimientos por parte de la empresa prestataria.
Para el Presupuesto 2024, que fue aprobado de forma maratónica en el Concejo Deliberante donde el oficialismo hizo gala de su mayoría automática, se estimó que desde el área de Seguridad se va a recaudar $167 millones de pesos en este año.
Una controversia en torno al convenio de las fotomultas es que el Municipio se queda con el 24%, la Provincia es acreedora de un monto equivalente al 20% de lo que se perciba por las infracciones labradas, y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) con el 56% restante.
Es importante destacar que los montos de las multas se establecen en Unidades Fijas (UF), siendo cada UF equivalente a un litro de nafta del mayor octanaje según el Automóvil Club Argentino. Estas unidades se actualizan bimestralmente por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Con la última actualización, una UF corresponde a $1336.
Por ejemplo, no respetar las indicaciones de los semáforos resulta en una multa de 300 a 1000 UF; no detenerse antes de la línea marcada o de la senda peatonal conlleva una sanción de 50 a 100 UF; mientras que no respetar los límites reglamentarios de velocidad puede acarrear una multa de 150 a 1000 UF.
Desde su aprobación, la oposición ha calificado el sistema como "una trampa recaudatoria". Este año, el bloque libertario renovó sus críticas al cuestionar si los fondos derivados de las multas realmente se destinan a seguridad, infraestructura vial y educación, como establece el reglamento.
El proyecto de comunicación 1285 tuvo un único tratamiento en la Comisión de Movilidad Urbana, presidida por Guillermo Volponi (Pro), a principios de marzo. En esa instancia, se decidió solicitar informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda. Desde entonces, no volvió a tratarse en el recinto ni se recibió respuesta alguna.
Los pedidos de informes del proyecto:
A.- Cuál es la evolución general del Programa de Seguridad Vial del Municipio de General Pueyrredon, de acuerdo con las prerrogativas del Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica y su convenio específico para su implementación, puesta en marcha y funcionamiento de dicho Programa.
B.- Cuáles son los informes que dan cuenta del estado de situación del municipio en materia de seguridad vial que ha elaborado la USAM hasta el momento en virtud de lo dictado por el Convenio Específico en su Cláusula segunda.
C.- En qué consisten, cómo y cuándo se han impartido las capacitaciones continuas sobre seguridad vial, a los agentes de tránsito, funcionarios de gobierno y público en general a las cuales se refiere la cláusula primera apartado d. del convenio específico.
D.- Si se han realizado y mediante que medios se han llevado a cabo los planes de Educación Vial y de difusión y concientización ciudadana sobre la misma temática, establecidos en el mismo cuerpo normativo.
E.- Si se encuentra en labores la Unidad de Coordinación creada por el Convenio y quienes son sus miembros, así como también qué tareas específicas ha realizado desde la entrada en vigencia del Programa de Fotomultas hasta el presente. Y en que actuaciones asiste a la Unidad de coordinación el denominado “Director de Proyecto”, figura también regulada por el convenio.
F.- Cuál es el monto invertido en señalización vial a través de lo recaudado a razón del labrado de infracciones de tránsito, producto del sistema de fotomultas y cuál es la ubicación exacta de cada una de estas.
G.- Cantidad y motivos de las infracciones registradas como consecuencia de las fotomultas y de qué manera las mismas son informadas a los presuntos infractores.