El gobierno de forma republicana establece tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dicha distribución corresponde, en los papeles, a una dinámica de control y evaluación entre cada uno de ellos aunque con algunos límites. Si bien los dos primeros son los más fáciles de asociar a la política, el tercero ejerce un rol cada vez más preponderante. No obstante, hasta ahora, la intervención de los tribunales en leyes y decisiones de Estado era una característica de los asuntos nacionales y no tanto los locales.
Dicha dinámica parece haber empezado a modificarse. Los primeros nueve meses del 2024 ya dejaron varias postales judiciales. En el caso de la intendencia, un ejemplo fue el conflicto con los municipales. Por un lado, el Convenio Colectivo pasó por varias idas y vueltas, amparos incluidos. Por otra parte, los descuentos por retenciones de tareas también aguardan por la expedición de jueces.
El Ejecutivo también entró en un periplo judicial con al gestión Kicillof. En ese caso, por el pago de la deuda de Mogotes, que Provincia rechazó por considerarla improcedente y que Montenegro buscará consignar por vía de los tribunales.
En el caso del Concejo, ésta semana avanzó una denuncia contra los ediles por la aprobación de la gintonería en el predio del Faro.
Según adelantaron algunos ediles opositores, un caso similar podría darse con la torre de 35 pisos de Gascón y Alem, proyecto al que podrían caerle "una lluvia de cautelares".