DEUDAS LEGISLATIVAS
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Lo que la semana nos dejó
El aumento de alimentos en Mar del Plata, las tensiones dentro del bloque oficialistas, la denuncia a una funcionaria provincial por el caso de La Reserva, la apertura de las paritarias con el STM y el debate por la baja de la imputabilidad, entre los temas más destacados de la semana.
Ruido en el interbloque: divergencias en el oficialismo ponen en jaque su unidad
La relación entre los componentes del ex Juntos por el Cambio sigue tensionándose. El pedido de informes de los radicales encendió la mecha. “Avanza lo que ellos quieren”, el enigmático que expone la crisis.
La extinta coalición de Juntos por el Cambio mantiene en General Pueyrredon uno de los últimos reductos de unidad tras la derrota a nivel nacional y provincial en 2023. No obstante, la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se encuentra cada día más tensionada.
Sin embargo, los últimos conflictos dentro del oficialismo local no responden a la afinidad de los "lilitos" y los "amarillos" con el gobierno de Javier Milei, que mantiene a los "boinas blancas" en una postura distante. La raíz del malestar es el estancamiento del proyecto de ordenanza de licitación de mobiliario urbano.
En la comisión de Obras, parecía que el expediente 1377 avanzaría con el respaldo del interbloque, pero un sorpresivo pedido de informes de la UCR sobre la redacción del proyecto hizo que el expediente quedara archivado al menos una semana más, o hasta que llegue la respuesta de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda. Esto generó tensión dentro del interbloque.
Luego de lo ocurrido en la comisión, un enigmático mensaje del presidente del bloque del PRO, Agustín Neme, despertó más sospechas. “Avanza lo que ellos quieren. FIN”, apuntó el edil amarillo.
Los alimentos subieron 3,76% en octubre en Mar del Plata
Según el informe del Instituto de Investigación Social, Económica, y Política Ciudadana (ISEPCI) una familia necesitó $394.162 para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
El precio de los alimentos es una de las principales variables del termómetro social. En su último informe, el Instituto de Investigación Social, Económica, y Política Ciudadana (ISEPCI) reveló que estos subieron un 3,76% en octubre.
El relevamiento, que toma como referencia comercios de barrio y cercanía de Mar del Plata, asevera que una familia de cuatro personas necesitó $394.162 para hacerse con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) el mes pasado, lo que implica un aumento interanual del 183%.
Las mayores subas fueron en el rubro carnicería, con un 9,4% de aumento con respecto al mes de septiembre. Le siguió verdulería (5,4%). Además, pese a que los productos del rubro almacén presentaron una leve baja de precios del 0,33%, se presentaron importantes incrementos en la harina (10%), los fideos (21%) y la manteca (12%).
Convenio con INCAA: obtuvo despacho pese a la falta de informes
En Legislación se aprobó por unanimidad, con la abstención del Frente Renovador y Unión por la Patria, el acuerdo entre el EMTURyC y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a sólo siete días del inicio del 39° Festival Internacional de Cine. Críticas por las contradicciones y la falta de respuestas del ente.
Debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, la Comisión de Legislación (Núñez-UCR) se reunió este jueves 14 de noviembre. En un encuentro con temario reducido, el oficialismo buscaba avanzar con dos expedientes de relevancia, entre ellos el 2077, que convalida el convenio entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para realizar en conjunto el Festival Internacional de Cine
Antes de la votación, Ariel Ciano, presidente del bloque del Frente Renovador, expresó: “Nos hubiera gustado, para tomar una decisión, contar con el informe del Ente de Turismo”. Luego añadió: “Alzamos nuestra voz cuando el Gobierno Nacional dijo que no se iba a realizar”. También recordó que se había mencionado que el festival podría financiarse mediante plataformas de streaming o productoras y observó: “Ahora vemos que se hará mediante un convenio municipal”.
Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de la Coalición Cívica defendió al presidente del EMTURyC, Bernardo Martin, afirmando que no había recibido el pedido de informe. Añadió que debía darle a Relatoría el número de expediente para verificar “si salió, cuándo salió y dónde puede estar retenido”.
Mariana Cuesta, titular de la bancada de Unión por la Patria, intervino para expresar: “Para nosotros es una buena noticia el Festival de Cine. No me siento parte de ningún club del no, solo del club de que se hagan las cosas bien”. También criticó la aparente contradicción de Martin sobre el financiamiento del festival, subrayando: “Del convenio en sí mismo no tengo una opinión contraria, pero me parecía que había una diferencia de criterio entre mayo y ahora”.
Cuesta cuestionó el anuncio previo del intendente Guillermo Montenegro sobre una posible financiación por plataformas digitales, que interpretó como “alineado con el gobierno de Milei”. Y añadió: “Lo cierto es que no lo paga Netflix, se paga con la plata de los marplatenses. A mí no me parece mal porque creo en un Estado que intervenga, pero quiero marcar la contradicción”.
Finalmente, Cuesta remarcó la importancia de los informes sobre los montos destinados al evento cinematográfico para saber “cuánta plata van a aportar los marplatenses”. Al final, chicaneó: “A veces salen más rápido las gacetillas en contra de los bloques de la oposición que los pedidos de informe, pero no pasa nada”.
El edil González también señaló: “Las contradicciones no tienen tiempo de vencimiento”. “Tengo la certeza de que la totalidad del Festival de Cine no lo paga el EmturyC, sé que hay un porcentaje y es eso lo que también nosotros queremos saber cuál es. Pero también entiendo que el EmturyC debe de tener pensado claramente cómo llevar la publicación para que el ciudadano marplatense sepa claramente si es una contribución o es un pago total del evento”, agregó la edil.
Ciano enfatizó que “cuando falta un informe, lo que estamos diciendo es que falta la voluntad política para que llegue ese informe”. Después el edil remarcó que hay casos en los que el Ejecutivo apura la llegada de informes.
González respondió: “Acá no podemos evaluar voluntades políticas, simplemente tenemos que evaluar que en algún tramo, en algún momento, se pararon, se frenaron o no sé lo que ha sucedido con respecto al pedido de informes”. “Mi objetivo no es confrontar sino aclarar”, apuntó irritada.
El presidente de la bancada de Acción Marplatense, Horacio Taccone, expresó: “A mí también me resuenan las palabras del intendente diciendo que este iba a ser el Festival Netflix, que lo iba a pagar un privado”. Y añadió: “Claramente no es así, y creo que está bien que sea de esta forma”.
“Lo que yo interprete es que es imposible que se haga cargo el Fondo de Promoción Turística en su totalidad, porque, si mal no recuerdo, el costo total del evento es mayor al dinero que dispone el fondo”, señaló el edil sobre los dichos de Martin en mayo. “Pero la verdad nos hubiera gustado que los informes estén contestados y que se sepa rubro por rubro en que van a gastar los vecinos de Gral. Pueyrredon”, indicó.
La convalidación del convenio fue aprobada con los votos del PRO, UCR, la Coalición Cívica y Acción Marplatense, mientras que Unión por la Patria y el Frente Renovador se abstuvieron. Ahora, el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda (Martínez-Crear Más Libertad).
La Reserva: presentaron una denuncia penal contra funcionarios provinciales por incumplimiento de deberes
Elevaron una demanda en el Ministerio Público Fiscal contra la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y el Director de Gobernanza de Regiones y Usuarios, Juan Ignacio Echave. La denuncia apunta contra los funcionarios por falsificar información, de nombrar normativa vencida y omitir el cumplimiento de la Ley de Aguas en el proyecto inmobiliario en la costa marplatense.
Camino a la audiencia pública por la Reserva, ya se habilitó la inscripción para participar de la convocatoria. Mientras tanto, siguen surgiendo denuncias contra los implicados por la habilitación del polémico proyecto inmobiliario.
Un representante del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal en La Plata contra la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y el Director de Gobernanza de Regiones y Usuarios, Juan Ignacio Echave, por incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia sostiene que la presentación de la prefactibilidad hidráulica en el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de La Reserva estaría viciada.
Según consta en la denuncia, se acusa a los funcionarios de “participación en el falseamiento de información legal en documento público, supresión de información y omisión del cumplimiento de la Ley 12.257, Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, todo ello en cabeza de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, dependiente del ADA, en tanto acciones antijurídicas a cargo de la autoridad de aplicación de la ley conculcada; ejercidas por quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación”.
La denuncia también señala que el estudio presentado por los desarrolladores incluye un informe de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, donde el Departamento de Límites y Restricciones de la ADA cita una normativa municipal ya vencida en lugar de aplicar el Código de Aguas Bonaerense. La ordenanza en cuestión, la N° 8434, fue sancionada en 1991 y perdió vigencia el 7 de junio del año 2000.
“La Dirección Provincial de Gestión Hídrica a cargo de Andrea Cumba posee todas las áreas técnicas necesarias para determinar sobre límites y restricciones y sobre gobernanza; sin embargo, se procedió, evitando dar intervención a la Asesoría General de Gobierno, a omitir lo dispuesto en los Art. 142 y 143 de la Ley 12.257 de forma trabajosa, teniendo que falsear información y trayendo a dictamen normas que no estaban vigentes desde hacía 20 años y que tampoco rigen las facultades y misiones de ADA, haciendo una redacción sui generis en la cual se exponen criterios falsos que no se adecuan a la ley que deben aplicar”, señala el escrito presentado en la Justicia.
Montenegro participó en el cónclave del PRO donde se definió que no se dará quórum a la sesión de Diputados
Este lunes, la Mesa Ejecutiva del PRO se reunió con Mauricio Macri a la cabeza y fijó su postura sobre el proyecto que busca modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Además, reclamaron la reforma sindical y la implementación de la ficha limpia.
Con vistas a la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, se reunió la Mesa Ejecutiva del PRO, contando con la participación del intendente Guillermo Montenegro. En este encuentro liderado por Mauricio Macri, se decidió no dar quórum en el plenario del martes para frenar el proyecto que pretende modificar la regulación de los DNU del gobierno nacional.
Durante la reunión, la dirigencia del PRO consolidó su apoyo al gobierno libertario y estableció su postura parlamentaria frente a la sesión impulsada por la oposición, donde se discutirá una modificación de la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La propuesta busca que una sola cámara del Congreso pueda rechazarlos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PRO expresó: “Sobre la Ley de DNU: no vamos a votar con el kirchnerismo. Nosotros defendemos la gobernabilidad y las instituciones”.
Asimismo, presionaron a la administración de Javier Milei para avanzar en ciertos proyectos. “Basta del bloqueo de sindicalistas mafiosos en Aerolíneas y en muchas empresas más: pedimos que se trate la Ley de Democratización Sindical”, señalaron. “Terminemos con la corrupción: pedimos que se debata la Ley de Ficha Limpia”, agregaron.
Asistieron al encuentro, además de Montenegro, la exgobernadora de la Provincia y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. También estuvieron presentes en la reunión del partido amarillo los diputados nacionales por la Provincia, Cristian Ritondo y Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el dirigente, Fernando de Andreis.
Paritarias: se reanuda la pulseada entre el Ejecutivo y el STM
Desde este martes, se retoman las negociaciones entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales. El último acuerdo, luego de un extenso periodo de conflicto, fue por un aumento del 29% en tres tramos. El medio aguinaldo también será un factor clave en la negociación.
Después de una prolongada escalada de tensiones, el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron en agosto un aumento del 29%, distribuido en tres tramos. A su vez, pactaron reabrir la paritaria el 10 de noviembre, aunque esta fue reprogramada para el martes 12. La negociación estará vinculada a la inflación, que muestra señales de desaceleración.
A partir de mañana, Ejecutivo y STM se sentarán nuevamente a discutir un incremento salarial. Aunque el escenario parece menos conflictivo que el de meses anteriores, las conversaciones estarán condicionadas por el medio aguinaldo, que deberá ser incluido en la discusión.
El acuerdo salarial alcanzado en agosto fijó un incremento del 29%, dividido en tres etapas: un 10% en agosto, otro 10% en septiembre, y un 9% en octubre, calculados sobre el sueldo del mes previo.
La pugna salarial previa a este acuerdo llegó a un nivel de tensión inédito en lo que va de la gestión del intendente. El STM realizó fuertes medidas de fuerza, que incluyeron paros, retención de tareas, denuncias por falta de insumos y de infraestructura, e incluso una protesta simbólica conocida como el “velorio del salario municipal”.
Por su parte, el Ejecutivo respondió con descuentos salariales y la eliminación de bonificaciones. Entre los episodios más críticos, surgieron propuestas que hoy parecen relegadas, como la de declarar al empleo municipal como esencial o la posibilidad de restablecer el convenio colectivo de trabajo firmado durante la gestión de Carlos Arroyo.
La relación entre los componentes del ex Juntos por el Cambio sigue tensionándose. El pedido de informes de los radicales encendió la mecha. “Avanza lo que ellos quieren”, el enigmático que expone la crisis.
La extinta coalición de Juntos por el Cambio mantiene en General Pueyrredon uno de los últimos reductos de unidad tras la derrota a nivel nacional y provincial en 2023. No obstante, la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se encuentra cada día más tensionada.
Sin embargo, los últimos conflictos dentro del oficialismo local no responden a la afinidad de los "lilitos" y los "amarillos" con el gobierno de Javier Milei, que mantiene a los "boinas blancas" en una postura distante. La raíz del malestar es el estancamiento del proyecto de ordenanza de licitación de mobiliario urbano.
En la comisión de Obras, parecía que el expediente 1377 avanzaría con el respaldo del interbloque, pero un sorpresivo pedido de informes de la UCR sobre la redacción del proyecto hizo que el expediente quedara archivado al menos una semana más, o hasta que llegue la respuesta de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda. Esto generó tensión dentro del interbloque.
Luego de lo ocurrido en la comisión, un enigmático mensaje del presidente del bloque del PRO, Agustín Neme, despertó más sospechas. “Avanza lo que ellos quieren. FIN”, apuntó el edil amarillo.
Según el informe del Instituto de Investigación Social, Económica, y Política Ciudadana (ISEPCI) una familia necesitó $394.162 para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
El precio de los alimentos es una de las principales variables del termómetro social. En su último informe, el Instituto de Investigación Social, Económica, y Política Ciudadana (ISEPCI) reveló que estos subieron un 3,76% en octubre.
El relevamiento, que toma como referencia comercios de barrio y cercanía de Mar del Plata, asevera que una familia de cuatro personas necesitó $394.162 para hacerse con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) el mes pasado, lo que implica un aumento interanual del 183%.
Las mayores subas fueron en el rubro carnicería, con un 9,4% de aumento con respecto al mes de septiembre. Le siguió verdulería (5,4%). Además, pese a que los productos del rubro almacén presentaron una leve baja de precios del 0,33%, se presentaron importantes incrementos en la harina (10%), los fideos (21%) y la manteca (12%).
Convenio con INCAA: obtuvo despacho pese a la falta de informes
En Legislación se aprobó por unanimidad, con la abstención del Frente Renovador y Unión por la Patria, el acuerdo entre el EMTURyC y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a sólo siete días del inicio del 39° Festival Internacional de Cine. Críticas por las contradicciones y la falta de respuestas del ente.
Debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, la Comisión de Legislación (Núñez-UCR) se reunió este jueves 14 de noviembre. En un encuentro con temario reducido, el oficialismo buscaba avanzar con dos expedientes de relevancia, entre ellos el 2077, que convalida el convenio entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para realizar en conjunto el Festival Internacional de Cine
Antes de la votación, Ariel Ciano, presidente del bloque del Frente Renovador, expresó: “Nos hubiera gustado, para tomar una decisión, contar con el informe del Ente de Turismo”. Luego añadió: “Alzamos nuestra voz cuando el Gobierno Nacional dijo que no se iba a realizar”. También recordó que se había mencionado que el festival podría financiarse mediante plataformas de streaming o productoras y observó: “Ahora vemos que se hará mediante un convenio municipal”.
Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de la Coalición Cívica defendió al presidente del EMTURyC, Bernardo Martin, afirmando que no había recibido el pedido de informe. Añadió que debía darle a Relatoría el número de expediente para verificar “si salió, cuándo salió y dónde puede estar retenido”.
Mariana Cuesta, titular de la bancada de Unión por la Patria, intervino para expresar: “Para nosotros es una buena noticia el Festival de Cine. No me siento parte de ningún club del no, solo del club de que se hagan las cosas bien”. También criticó la aparente contradicción de Martin sobre el financiamiento del festival, subrayando: “Del convenio en sí mismo no tengo una opinión contraria, pero me parecía que había una diferencia de criterio entre mayo y ahora”.
Cuesta cuestionó el anuncio previo del intendente Guillermo Montenegro sobre una posible financiación por plataformas digitales, que interpretó como “alineado con el gobierno de Milei”. Y añadió: “Lo cierto es que no lo paga Netflix, se paga con la plata de los marplatenses. A mí no me parece mal porque creo en un Estado que intervenga, pero quiero marcar la contradicción”.
Finalmente, Cuesta remarcó la importancia de los informes sobre los montos destinados al evento cinematográfico para saber “cuánta plata van a aportar los marplatenses”. Al final, chicaneó: “A veces salen más rápido las gacetillas en contra de los bloques de la oposición que los pedidos de informe, pero no pasa nada”.
El edil González también señaló: “Las contradicciones no tienen tiempo de vencimiento”. “Tengo la certeza de que la totalidad del Festival de Cine no lo paga el EmturyC, sé que hay un porcentaje y es eso lo que también nosotros queremos saber cuál es. Pero también entiendo que el EmturyC debe de tener pensado claramente cómo llevar la publicación para que el ciudadano marplatense sepa claramente si es una contribución o es un pago total del evento”, agregó la edil.
Ciano enfatizó que “cuando falta un informe, lo que estamos diciendo es que falta la voluntad política para que llegue ese informe”. Después el edil remarcó que hay casos en los que el Ejecutivo apura la llegada de informes.
González respondió: “Acá no podemos evaluar voluntades políticas, simplemente tenemos que evaluar que en algún tramo, en algún momento, se pararon, se frenaron o no sé lo que ha sucedido con respecto al pedido de informes”. “Mi objetivo no es confrontar sino aclarar”, apuntó irritada.
El presidente de la bancada de Acción Marplatense, Horacio Taccone, expresó: “A mí también me resuenan las palabras del intendente diciendo que este iba a ser el Festival Netflix, que lo iba a pagar un privado”. Y añadió: “Claramente no es así, y creo que está bien que sea de esta forma”.
“Lo que yo interprete es que es imposible que se haga cargo el Fondo de Promoción Turística en su totalidad, porque, si mal no recuerdo, el costo total del evento es mayor al dinero que dispone el fondo”, señaló el edil sobre los dichos de Martin en mayo. “Pero la verdad nos hubiera gustado que los informes estén contestados y que se sepa rubro por rubro en que van a gastar los vecinos de Gral. Pueyrredon”, indicó.
La convalidación del convenio fue aprobada con los votos del PRO, UCR, la Coalición Cívica y Acción Marplatense, mientras que Unión por la Patria y el Frente Renovador se abstuvieron. Ahora, el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda (Martínez-Crear Más Libertad).
La Reserva: presentaron una denuncia penal contra funcionarios provinciales por incumplimiento de deberes
Elevaron una demanda en el Ministerio Público Fiscal contra la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y el Director de Gobernanza de Regiones y Usuarios, Juan Ignacio Echave. La denuncia apunta contra los funcionarios por falsificar información, de nombrar normativa vencida y omitir el cumplimiento de la Ley de Aguas en el proyecto inmobiliario en la costa marplatense.
Camino a la audiencia pública por la Reserva, ya se habilitó la inscripción para participar de la convocatoria. Mientras tanto, siguen surgiendo denuncias contra los implicados por la habilitación del polémico proyecto inmobiliario.
Un representante del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal en La Plata contra la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y el Director de Gobernanza de Regiones y Usuarios, Juan Ignacio Echave, por incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia sostiene que la presentación de la prefactibilidad hidráulica en el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de La Reserva estaría viciada.
Según consta en la denuncia, se acusa a los funcionarios de “participación en el falseamiento de información legal en documento público, supresión de información y omisión del cumplimiento de la Ley 12.257, Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, todo ello en cabeza de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, dependiente del ADA, en tanto acciones antijurídicas a cargo de la autoridad de aplicación de la ley conculcada; ejercidas por quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación”.
La denuncia también señala que el estudio presentado por los desarrolladores incluye un informe de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, donde el Departamento de Límites y Restricciones de la ADA cita una normativa municipal ya vencida en lugar de aplicar el Código de Aguas Bonaerense. La ordenanza en cuestión, la N° 8434, fue sancionada en 1991 y perdió vigencia el 7 de junio del año 2000.
Según consta en la denuncia, se acusa a los funcionarios de “participación en el falseamiento de información legal en documento público, supresión de información y omisión del cumplimiento de la Ley 12.257, Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, todo ello en cabeza de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, dependiente del ADA, en tanto acciones antijurídicas a cargo de la autoridad de aplicación de la ley conculcada; ejercidas por quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación”.
La denuncia también señala que el estudio presentado por los desarrolladores incluye un informe de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, donde el Departamento de Límites y Restricciones de la ADA cita una normativa municipal ya vencida en lugar de aplicar el Código de Aguas Bonaerense. La ordenanza en cuestión, la N° 8434, fue sancionada en 1991 y perdió vigencia el 7 de junio del año 2000.
“La Dirección Provincial de Gestión Hídrica a cargo de Andrea Cumba posee todas las áreas técnicas necesarias para determinar sobre límites y restricciones y sobre gobernanza; sin embargo, se procedió, evitando dar intervención a la Asesoría General de Gobierno, a omitir lo dispuesto en los Art. 142 y 143 de la Ley 12.257 de forma trabajosa, teniendo que falsear información y trayendo a dictamen normas que no estaban vigentes desde hacía 20 años y que tampoco rigen las facultades y misiones de ADA, haciendo una redacción sui generis en la cual se exponen criterios falsos que no se adecuan a la ley que deben aplicar”, señala el escrito presentado en la Justicia.
Montenegro participó en el cónclave del PRO donde se definió que no se dará quórum a la sesión de Diputados
Este lunes, la Mesa Ejecutiva del PRO se reunió con Mauricio Macri a la cabeza y fijó su postura sobre el proyecto que busca modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Además, reclamaron la reforma sindical y la implementación de la ficha limpia.
Con vistas a la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, se reunió la Mesa Ejecutiva del PRO, contando con la participación del intendente Guillermo Montenegro. En este encuentro liderado por Mauricio Macri, se decidió no dar quórum en el plenario del martes para frenar el proyecto que pretende modificar la regulación de los DNU del gobierno nacional.
Durante la reunión, la dirigencia del PRO consolidó su apoyo al gobierno libertario y estableció su postura parlamentaria frente a la sesión impulsada por la oposición, donde se discutirá una modificación de la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La propuesta busca que una sola cámara del Congreso pueda rechazarlos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PRO expresó: “Sobre la Ley de DNU: no vamos a votar con el kirchnerismo. Nosotros defendemos la gobernabilidad y las instituciones”.
Asimismo, presionaron a la administración de Javier Milei para avanzar en ciertos proyectos. “Basta del bloqueo de sindicalistas mafiosos en Aerolíneas y en muchas empresas más: pedimos que se trate la Ley de Democratización Sindical”, señalaron. “Terminemos con la corrupción: pedimos que se debata la Ley de Ficha Limpia”, agregaron.
Asistieron al encuentro, además de Montenegro, la exgobernadora de la Provincia y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. También estuvieron presentes en la reunión del partido amarillo los diputados nacionales por la Provincia, Cristian Ritondo y Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el dirigente, Fernando de Andreis.
Paritarias: se reanuda la pulseada entre el Ejecutivo y el STM
Desde este martes, se retoman las negociaciones entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales. El último acuerdo, luego de un extenso periodo de conflicto, fue por un aumento del 29% en tres tramos. El medio aguinaldo también será un factor clave en la negociación.
Después de una prolongada escalada de tensiones, el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron en agosto un aumento del 29%, distribuido en tres tramos. A su vez, pactaron reabrir la paritaria el 10 de noviembre, aunque esta fue reprogramada para el martes 12. La negociación estará vinculada a la inflación, que muestra señales de desaceleración.
A partir de mañana, Ejecutivo y STM se sentarán nuevamente a discutir un incremento salarial. Aunque el escenario parece menos conflictivo que el de meses anteriores, las conversaciones estarán condicionadas por el medio aguinaldo, que deberá ser incluido en la discusión.
El acuerdo salarial alcanzado en agosto fijó un incremento del 29%, dividido en tres etapas: un 10% en agosto, otro 10% en septiembre, y un 9% en octubre, calculados sobre el sueldo del mes previo.
La pugna salarial previa a este acuerdo llegó a un nivel de tensión inédito en lo que va de la gestión del intendente. El STM realizó fuertes medidas de fuerza, que incluyeron paros, retención de tareas, denuncias por falta de insumos y de infraestructura, e incluso una protesta simbólica conocida como el “velorio del salario municipal”.
Por su parte, el Ejecutivo respondió con descuentos salariales y la eliminación de bonificaciones. Entre los episodios más críticos, surgieron propuestas que hoy parecen relegadas, como la de declarar al empleo municipal como esencial o la posibilidad de restablecer el convenio colectivo de trabajo firmado durante la gestión de Carlos Arroyo.