El “orden de las cuentas públicas” es uno de los ejes que Guillermo Montenegro puso una y otra vez sobre la mesa como prioridad de la segunda gestión. Lo postuló en el discurso de apertura legislativa y luego en las conferencias de prensa semanales que comenzó a dar a principios de abril. Sin embargo, el equilibrio de los números se vio amenazado por la macroeconomía, cuyos descalabros adjudican a la administración del Frente de Todos, y a los recortes encarados por el gobierno nacional en áreas sensibles como la obra pública. En este sentido, el Ejecutivo, con la “creatividad” como premisa, ahondó en las asociaciones público-privadas, implementó la Tasa Vial y lanzó el proyecto de esencialidad del trabajo municipal como método para encarar la crisis.
Las tasas fueron el tema principal del Presupuesto 2024 en dos sentidos. Por un lado, por los aumentos sensibles aplicados en el primer trimestre del año. Desde el gobierno defendieron las subas argumentando que en los últimos cuatro años siempre representaron la mitad del número de la inflación. “Es una decisión estoica, fríamente tomada, con una mirada justa sobre los vecinos que todos los días hacen el esfuerzo”, aseguraron desde el riñón del intendente. El acumulado de inflación, entre marzo de 2023 y este año, fue de 288% mientras que los tributos municipales variaron un 144%. Por vía de un decreto, autorizaron a Legal, Técnica y Hacienda a aplicar variaciones que no superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otro lado, el Ejecutivo instauró la Tasa Vial, un experimento que comenzó a implementarse en varias comunas a lo largo del país y que reportó $405 millones en el primer mes. El monto alcanzaría para 60.000 m2 de obras, es decir, unas 100 cuadras según el Ente Municipal de Vialidad (EMVIAL) que dirige Mariano Bowden. El gobierno espera recaudar más de $4.000 millones en todo el ejercicio. No obstante, las alarmas se encendieron a raíz de los dichos de Manuel Adorni en conferencia de prensa el pasado 2 de mayo. El vocero presidencial aseguró que las comunas que implementaron el cobro “tienen cautiva a la gente” y que el gobierno libertario está evaluando "todas las alternativas a disposición para que esto deje de ocurrir". El hecho supone un fuerte contrapunto entre la administración Milei y “La Feliz” que venía sintonizando cada vez con más fuerza con las ideas de La Libertad Avanza.
Al fondo afectado para las obras de pavimento se le sumaría otro componente más importante desde lo simbólico/político que desde lo numérico. Según anunció el ex-juez federal, los descuentos a los municipales que hagan paro, estarán destinados también al arreglo de las calles. El comando va en línea con una de las apuestas más polémicas del gobierno: la declaración de esencialidad del empleo público. Desde la retórica del Ejecutivo, los trabajadores del Estado (10% del empleo en Mar del Plata) son privilegiados por la estabilidad laboral, no accesible en el sector privado ni en la economía informal. La medida fue precedida por auditorías, que dieron de lleno en dos vicios recurrente en todas las áreas de gobierno: la discrecionalidad de las horas extras y el mal uso de las carpetas médicas.
Con numerosos giros el proyecto ingresó al Legislativo abriendo un foco de conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales con quién ya mantenía tensas relaciones desde la licitación del medido. Distintos actores creen que la medida, inédita en buena parte del territorio nacional, no se resolverá ni el Concejo Deliberante ni en el Palacio, sino en los despachos judiciales.
El Ejecutivo afirma una y otra vez que las medidas no están asociadas a una nueva ola ni al oportunismo. El recorte de las áreas públicas o la baja del salario de los principales funcionarios son parte del “plan austeridad”, primohermano de la motosierra que enaborla Javier Milei en Nación.
