En concreto, la exposición de la concejala Eva Ayala se centró en el primer punto de dicha norma que establece que se podrá realizar una cuestión de privilegio en el caso que se afecten "los derechos del Concejo colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos". La declaración giro en torno a algunos dinámicas vinculadas a la participación y al debate del Legislativo. Dentro de los puntos tocados por la bancada vecinalista apareció un conflicto de larga data: los pedidos de informe. En lo que va de 2024 habría al menos 168 expedientes sin respuestas, dentro de los cuales, varios cuentan con más de una solicitud a distintas áreas del Ejecutivo. Desde la visión opositora, los proyectos de comunicación deben ser aprobados o rechazados pero no deberían añadirsele pedidos de informe. "Le preguntamos al gobierno si le podemos preguntar", ironizan. El oficialismo tampoco se encuentra cómodo con la situación. Si bien el mecanismo sirve para dilatar expedientes más incómodos, las propias iniciativas del Pro, la UCR y la Coalición Cívica sufren en ocasiones de la dilación del gabinete para expedirse. |