JUDICIALES
12/08
Otro revés para Macri: la AFI lo denunció por contrataciones irregulares
La interventora de la Agencia federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció al expresidente y pidió cirtarlo a indagatoria por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras. También están implicados los otrora responsables del organismo bajo su gestión, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Si bien ya no se encuentra en el país, el expresidente Mauricio Macri sigue sumando causas en su contra. En esta oportunidad, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció y pidió citar a declaración indagatoria al exmandatario y a los otrora responsables del organismo durante ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.

Dicha denuncia resultó sorteada en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez federal Julián Ercolini tras la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral. La presentación alcanza también a los exfuncionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

En este sentido, la denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado "de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes", según informó luego la AFI en un comunicado. Todas esas contrataciones se realizaron cuando regía el Decreto 656/16 que dio carácter secreto al presupuesto de la Agencia.

Al respecto, uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina donde funciona su Dirección General. Por esa obra se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares.

"Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio", se detalló. Según la presentación, "no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación, toda vez que la propuesta fue dispuesta por una empresa privada y no por la propia Administración Federal".

Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares. En este caso, se remarcó que la obra se pagó en dólares pese a que el proveedor era local y luego hubo una ampliación de presupuesto por 9.038 dólares, por rubros que habrían sido incluídos en el primer pago.

También se denunció la presunta contratación directa de obras de pintura y reparaciones en otro edificio de la AFI en mayo de 2016 por 277.586 pesos. Según la denuncia y en base a documentación encontrada en la sede de la Agencia, los trabajos se habrían hecho antes de la apertura del expediente de adjudicación y la firma del contrato.

La situación habría vulnerado "los principios de transparencia, legalidad y razonabilidad establecidos para el manejo de fondos públicos", aseguró Caamaño en la presentación. La AFI requirió medidas de prueba, entre ellas la solicitud de informes a las empresas que participaron de las obras cuestionadas: NH Construcciones, Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica y Mega Soluciones.

Cabe señalar que Macri, y el exdirector y la subdirectora de la AFI, Arribas y Majdalani, respectivamente, ya fueron denunciados por la actual intervención por otros presuntos delitos, como la venta a precio irrisorio de armamento de la Agencia a funcionarios y agentes y producción de inteligencia ilegal, a raíz del hallazgo de un disco rígido con correos electrónicos de supuestas víctimas y otras evidencias. Arribas y Majdalani fueron además procesados en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria.