La pandemia y la oportunidad de saldar una deuda histórica

Pocos imaginaban en 1984 que la obligada provincialización del complejo turístico de Punta Mogotes para resolver el millonario déficit se extendería por 36 años. No por nada el acuerdo alcanzado por el entonces intendente Ángel Roig con el gobierno de Alejandro Armendáriz planteaba la caducidad del acuerdo una vez resueltas las deudas que arrastraba el ente que administraba el espacio con 2,5 km de frente costero.

Concluyó el mandato del gobernador radical, pasaron otros seis gobernadores en ocho periodos hasta el actual de Kicillof, misma cantidad de jefes comunales hasta el ascenso de Montenegro, y el debate sobre la municipalización de Punta Mogotes sigue ausente de la agenda política, más allá de alguna intentona o declaración mediática.

El derrumbe de la economía a partir de las restricciones por la crisis sanitaria del Covid-19 alumbra la posibilidad de un “barajar y dar de nuevo”, donde la administración en manos de la ciudad de un recurso central en el esquema turístico local emerge como una oportunidad para saldar la deuda histórica.

El contexto de los últimos días, en tanto, le pone condimentos especiales ante la profundización del debate sobre el futuro de la temporada estival. Operadores de todos los rubros pusieron el grito en el cielo cuando la semana pasada escucharon al ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, insinuar que no se debería levantar la prohibición del turismo en caso de no haber una distribución masiva de la vacuna.

El intendente Montenegro –en sintonía con los mandatarios de prácticamente todos los distritos de la Costa Atlántica, sin distinción de colores- tiene en vista otro horizonte. “Estamos pensando un verano con turismo y con protocolo”, sostuvo esta mañana en declaraciones a medios porteños, marcando la cancha. Los gobiernos municipales, Provincia y Nación deberán ir arribando a acuerdos de cara a diciembre, mientras la preocupación de acentúa en los sectores económicos que vienen de pasar el peor año. Los 24 balnearios de Punta Mogotes, los chiringos, vendedores informales, el complejo gastronómico y toda la economía en torno al complejo sureño, se encuentran en una situación aún más particular, con los responsables del Estado que ejerce la jurisdicción sobre esa zona planteando reparos a la recepción de turistas.

Si bien General Pueyrredón cuenta con el 30% de la titularidad del Complejo de Punta Mogotes y un representante en el Consejo de Administración, integrado por otros dos miembros designados por Buenos Aires, en rigor las decisiones son tomadas por la gestión bonaerense.

 

Los últimos pasos

En mayo de 2015 fue aprobada la ordenanza 22.232, mediante la cual se facultó al Departamento Ejecutivo, conducido en aquel entonces por Gustavo Pulti, a que denuncie el convenio suscripto por la Provincia el 31 de agosto de 1984, en función de lo dispuesto por el artículo 17 del acuerdo ratificado por la ley 10.233. Ese convenio planteaba la caducidad del acuerdo “una vez extinguidas las deudas que Proyectos Especiales de Mar del Plata -el ente que administraba Mogotes- contrajera con el Banco de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de las obligaciones que le correspondan a la Administración de Punta Mogotes (APM)”. Quienes conocen del tema en profundidad aseguran que ello ya se resolvió hace tiempo.

La salida jurisdiccional fue la solución al conflicto financiero que atravesaba en aquel entonces la  nombrada entidad municipal, que adeudaba unos 50 millones de dólares, según detalló en 2015 el concejal José Cano, quien en 1984 se desempeñaba como Secretario de Hacienda.

Ante la falta de avances significativos, en octubre de 2016 el Concejo Deliberante volvió con otro pronunciamiento, en esta oportunidad en base a una iniciativa de Mario Rodríguez (UCR). Allí se  instrumentó un pedido de informes al intendente Carlos Arroyo, para que diera cuenta de las gestiones llevadas adelante, y una comunicación a la gobernadora Vidal para que, en tanto se  inicie el proceso de municipalización, se designe al frente de la APM a un representante municipal.

No sólo no hubo respuestas de parte de la Provincia, sino que tampoco hubo eco en el Palacio Municipal. Recién en 2017 hubo una mención de Arroyo. “Hasta la fecha no se cuenta con antecedentes de ninguna causa judicial que involucre a la Administración relacionada con la municipalización de la APM”, dijo por un lado. “Del dictamen de la Dirección de Dictámenes de la subsecretaría Legal y Técnica surge que no ha tomado intervención administrativa alguna sobre el tema cuestionado”, completó por el otro, confirmando que no se realizaron gestiones en los 180 días que había fijado la ordenanza. En 2018, el entonces jefe comunal amagó con confirmar una comisión para evaluar la iniciativa, pero nunca avanzó.

La llegada de Guillermo Montenegro a la intendencia y de Axel Kicillof a la gobernación, por el propio impulso del cambio de aire, pueden generar un nuevo clima para que el reclamo encuentre eco en quienes tienen poder de decisión. Sin embargo, hasta ahora ninguno insinuó movimientos en esa dirección.

La pandemia y la necesidad de reorganizar los recursos de la ciudad abren una puerta para, 36 años después, comenzar a resolver una deuda histórica. En definitiva, están en disputa unos 2,5 kilómetros de playa, con todo el poder territorial que ello implica, y el manejo de recursos, con una caja multimillonaria. Por lo pronto, la demanda, como hace 36 años, aún sigue vigente.