El debate se instaló en base a un proyecto presentado en abril de 2018 por el concejal Ariel Ciano, donde se propone el dictado de una ordenanza que establezca la implementación del mecanismo que, en Argentina, tuvo de origen en Rosario en 2002. El Presupuesto Participativo se implementó en Mar del Plata durante los dos gobiernos de Gustavo Pulti, con su primera edición en 2008, la cual se replicó en 2010, 2012 y 2014. Con la llegada de Carlos Arroyo se interrumpió el proceso y en 2016 cerró la oficina de Presupuesto Participativo y sus empleados fueron trasladados a otras dependencias. El área comenzó con un presupuesto de $5 millones en 2008 que fue incrementando año a año: $6 millones en 2010, $15 millones en 2012 y $20 millones en 2014. Sin embargo, nunca se pudo dar respuesta a todas las iniciativas votadas por los vecinos: se estima que de los 840 proyectos aprobados, aún hay tareas pendientes en el 58%. Para ser llevado adelante, el municipio se dividía en 16 distritos donde, a través de reuniones preliminares, se organizaba el proceso de convocatoria de proyectos, la rendición de cuentas y su evaluación. Luego se procedía a la conformación de asambleas para relevar necesidades, recibir propuestas, elegir delegados vecinales y organizar mesas de formulación, las cuales estaban integradas por delegados vecinales, funcionarios y técnicos municipales que transformaban las listas de necesidades y los problemas en proyectos elegibles. Luego, se procedía a la presentación y las elecciones. El listado de proyectos resultantes de las instancias anteriores se presentaba a todos los vecinos de la comuna y se los sometía a elección. La propuesta de Ciano retoma aspectos de esas experiencias como de las propias del sistema implementado en Rosario. La finalidad, sostiene, es “promover la participación directa de vecinos en la distribución de los recursos públicos, consolidar y fortalecer la relación Estado-Sociedad Civil mediante espacios de encuentro y análisis, transparentar el destino de los fondos públicos y las acciones del Estado local, así como defender el papel del vecino como voz autorizada para diagnosticar y valorar las prioridades barriales”. Una de las novedades está en materia presupuestaria: para la distribución de la asignación presupuestaria a cada distritos, la autoridad de aplicación (la Secretaría de Hacienda) establecerá un Índice de Carencia, que deberá confeccionarse con indicadores de salud, educación, vivienda, ingresos, y género y cuyo cálculo deberá ser actualizado anualmente previo a la distribución de los recursos a cada distrito. Según el acuerdo político al que llegaron los bloques, ahora se aguardará el informe del Ejecutivo para conocer la opinión de Montenegro y su equipo sobre la experiencia del Presupuesto Participativo. Allí recién volverá a reactivarse el debate en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. |