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El desafío de Antonela Fasano, la nueva Directora de Protección Integral a las Víctimas
El área estuvo postergada durante la gestión arroyista y ahora podría asumir una nueva impronta. El diálogo con la Justicia y familiares, el posible perfil de trabajo
Antonela Fasano fue nombrada oficialmente, días atrás, como la nueva Directora General de Protección Integral a las Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos.
Ya tiene pasado en el gabinete: en diciembre de 2019, había sido designada al frente de Comercio e Industria y Desarrollo de Inversiones, dentro de la secretaría que encabeza Fernando Muro. La funcionaria es abogada recibida de la Universidad de Morón, con una Maestría en Derecho del Trabajo en la UBA.
El área de la que se hará cargo previamente estuvo ocupada por Hugo Vega, bajo el mandato del ex intendente Carlos Arroyo. En aquel entonces, la impronta que tuvo se orientó solamente al armado de programas de prevención por intoxicación de monóxido de carbono y accidentes de tránsito.
Según supo este medio, se trata de una dependencia con bajo presupuesto y personal, algo que se intensificó durante la administración del líder atlántico. Sin embargo, las asociaciones de familiares de víctimas del delito tienen muchas expectativas, ya que desde años buscan una referencia política a la que acudir para resolver los conflictos que se suscitan.
El área que conducirá Fasano podría tener un vínculo fluido no sólo con estas organizaciones, sino también con fiscalías y comisarías. No obstante, genera interrogantes qué perfil le dará la recientemente designada, en base a los pocos recursos con los que cuenta inicialmente.
La Dirección de Protección a las Víctimas funciona ahora dentro de la subsecretaría de Acción Comunitaria, comandada por Cristian Beneito, y pertenece a la cartera de Desarrollo Social: la novedad saliente para esta dependencia en la nueva gestión. Y, según supo este medio, habría entendimiento entre ellos.
La ex funcionaria de Desarrollo Productivo cuenta con experiencia en la faz legal, por lo que el diálogo con los organismos de Justicia debería ser algo a su favor. Sin embargo, chocará con una infraestructura poco sólida para poder trabajar y con un personal de no más de 10 empleados.