El Foro Municipal de Seguridad, a la espera del rol que la ley le brinda

El asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 marcó un antes y un después. Una de sus inmediatas consecuencias fue, solo un mes después, la creación de los Foros Comunitarios mediante un decreto del por entonces gobernador Eduardo Duhalde, en lo que fue el primer paso hacia el reconocimiento de la participación comunitaria en la seguridad. Esa perspectiva se enriqueció un año después, cuando la Legislatura sancionó la Ley 12.154 de Seguridad Pública, impulsada por el ministro de Seguridad León Arslanián.

Entre otras innovaciones, se determinó que “el pueblo de la Provincia de Buenos Aires es el sujeto fundamental de la seguridad pública” (Art.10) y que “es un derecho de los habitantes y un deber de su Gobierno promover la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública” (Art. 11).

Estas concepciones fueron acompañadas por la creación de un conjunto de instituciones, donde se destacaron los Foros Municipales de Seguridad. En noviembre de ese año, bajo el gobierno de Elio Aprile, el Concejo Deliberante adhirió a la ley provincial y la repercusión en General Pueyrredon fue notoria: 83 instituciones participaron de la fundación del Foro. Sin embargo, con el tiempo se fue perdiendo el espíritu, algo que se profundizó bajo el gobierno de Carlos Arroyo. Sin recursos ni injerencia, el Foro se fue limitando a una reunión vecinal mensual sin incidencia alguna en las políticas locales en materia de seguridad.

El escenario, a la fecha, no varió en demasía en los seis meses del nuevo gobierno y la preocupación se instala frente al interrogante sobre el impacto que tendrá en la seguridad la crisis que se vive en el marco de la pandemia por coronavirus.

La propia composición actual del Foro anclada sustancialmente en los representantes de organizaciones y entidades de la comunidad evidencia los limitantes del espacio. De acuerdo a la Ley 12.154, también debería participar el propio intendente o un representante designado por éste, miembros del Concejo Deliberante conforme a criterios de proporcionalidad en la representación partidaria e incluso representes de instituciones religiosas.

Allí limita uno de los principales problemas al momento de tener que llevar adelante sus funciones, donde se destacan la intervención en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública municipal, la evaluación del funcionamiento de las Policías de la Provincia y de los prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de actuación y la intervención en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la situación de seguridad pública desarrollados por las Policías de la Provincia correspondientes a su ámbito de actuación.

Las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio vaciaron aún más de contenido a una herramienta clave en la participación ciudadana en materia de seguridad: producto de la pandemia, el último encuentro mensual –que se realiza los segundos martes de cada mes- se efectivizó en febrero.